Después de tres años de haber pasado la frontera de Venezuela hacia Colombia sin contar con los documentos reglamentarios, y de afrontar la discriminación y la negación de servicios por encontrarse en situación irregular en el país, Sandra y Johnnaicker habían conseguido llevar una vida modesta pero estable en Cartagena. Sin embargo, cuando recibieron la noticia de su embarazo, la alegría se confundió con el temor: ¿Cómo iban a acceder a control prenatal y quién atendería su parto si no estaban afiliados al sistema de salud?
Orientados por amigos y conocidos, recurrieron a la Personería Distrital – entidad encargada de proteger los derechos humanos- a solicitar una carta de vecindad con el fin de acceder a un programa básico para mujeres gestantes ofrecido por una organización social. Allí, la respuesta los sorprendió. La Personería Distrital cuenta con personal especializado en la garantía de derechos de la población migrante en situación regular o irregular en el país, dispuesto por Conectando Caminos por los Derechos en alianza con la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), como parte del fortalecimiento de las Personerías de Cartagena, Bucaramanga y Medellín para la atención jurídica y la creación de entornos seguros para esta población.
ras revisar sus documentos, el equipo especializado de la Personería reconoció que la pareja contaba con PEP-RAM, uno de los permisos de permanencia que el Estado colombiano reconoce como válido para afiliar a los migrantes venezolanos al sistema nacional de salud, y procedió a inscribirla. “No lo podíamos creer -recuerda Johnnaicker-. Nos habían dicho que los venezolanos solo podíamos contar con servicio médico de urgencias. Es un gran alivio”. Pocas semanas después, Sandra ha tenido acceso a consulta médica, ecografía y exámenes de laboratorio, que han confirmado que el embarazo avanza en buenas condiciones.
La garantía del derecho a la salud ha sido uno de los principales logros entre los 160 casos atendidos cada mes en el programa de fortalecimiento de las Personerías municipales, una situación que afecta a aproximadamente el 66% de los migrantes venezolanos en Colombia, que no cuenta con afiliación a ningún régimen de salud. Otros temas de alta consulta en la asistencia jurídica son: regularización migratoria, seguridad social, niñez, Educación, violencia de género y asuntos laborales. Este fortalecimiento institucional se ha ampliado a otras entidades mediante la formación de 40 personeros y 80 funcionarios públicos, quienes encuentran gratificante dar respuesta efectiva a esta población en situación de vulnerabilidad, y observar el incremento de consultas de los migrantes y el aumento de su confianza en las entidades del Estado.
