Memorias de una alizanza por los derechos de los migrantes venezolanos en Colombia
La entrada es tan solo el punto de partida
Al comienzo llegaron pocos, aquellos que se podían permitir continuar con sus vidas en un nuevo país sin sacrificar sus estudios, el trabajo, una buena vivienda, sus comodidades. Traían todo eso en la maleta y encontraron las puertas abiertas. Con el tiempo el número empezó a crecer. Llegaron muchos, miles, después millones; cargando hambre, frío, afán. Las necesidades se hacían gigantes mientras las puertas se estrechaban. Los de este lado se repartieron las miradas: unas de desconfianza, otras de lástima, algunas veían la importancia de ayudar. En su historia como república, Colombia nunca había recibido una oleada de migración masiva externa. No sabía cómo reaccionar. Su pueblo hermano se desbordaba en las fronteras como un río en inverno. ¿Cerrar el paso? ¿abrirlo? ¿acoger? ¿rechazar? ¿señalar de ladrón? ¿ofrecerle trabajo?
Los primeros esfuerzos por atender la situación migratoria de venezolanos en Colombia se dieron desde una perspectiva humanitaria: atención primaria, entrega de kits básicos de aseo y alimento, distribución de medicinas y orientación esencial para sobrevivir. Muy pocas organizaciones e instituciones recolectaban datos de este fenómeno. Era evidente la necesidad de comprender la migración en una dimensión más amplia: contextos de seguridad, riesgos de violación de derechos humanos y dinámicas de integración social. Las preguntas sobraban: ¿los venezolanos están de tránsito o van a permanecer en el país? ¿cómo reaccionan las comunidades receptoras? ¿se sienten amenazadas o enriquecidas? ¿están preparadas las instituciones para prestar una atención propicia? ¿cómo se aprovechan los grupos ilegales, armados y delincuentes de los migrantes en condiciones vulnerables y de pobreza? La atención humanitaria era necesaria pero insuficiente.
En mayo de 2020, el consorcio conformado por PACT, Internews, Freedom House y American Bar Association Rule of Law Initiative, y con la financiación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), emprendió un viaje para responder a esas preguntas y llevar las acciones de atención a la población migrante a un nivel que la acercara a cohesión social y al disfrute de la seguridad ciudadana. Le llamaron Conectando Caminos por los Derechos.
Salir a la ruta
No importa si han cruzado un puente o una trocha, si caminaron por días o un camión los recogió en la carretera. A todos les abraza un manto invisible, el de los derechos humanos. Pero en la ruta hay piedras y en el destino enredaderas que desgarran el manto. Aquellos que se asoman a verles pasar y los que después los escuchan a diario reír o pedir en las calles deberían ser sabios y capaces de ayudarles a reforzar su manto, a que nunca se les rompa para empezar, y, si el daño es hondo, a remendarlo con los hilos que hagan falta.
El recorrido de Conectando Caminos por los Derechos empezó imaginando una gran meta: poblaciones migrantes y receptoras integradas, que conviven en entornos seguros, que propician el desarrollo de las comunidades y del país. El norte en el mapa estaba señalado por una teoría de cambio, los senderos por objetivos concisos y el viento que vuela entre ellos y siempre está presente eran las líneas transversales.
Haz clic AQUÍ para ir a las publicaciones asociadas a los objetivos y líneas transversales.
Objetivo 1. Prevención
Prevenir las violaciones de los derechos humanos.
Ofrece orientación legal para la regularización de su estado en el país y el acceso a derechos y servicios.
Fortalece las entidades del Estado encargadas de prevenir las violaciones a los derechos humanos y de promover los procesos de integración social mediante la cultura, el acceso a la justicia y mecanismos de resolución de conflictos.
Objetivo 3. Respuesta
Mejorar la respuesta a las violaciones de derechos. Apoya a las entidades del Estado a cargo de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos mediante asesoría especializada, la documentación de casos y patrones de violencias y la superación de barreras de acceso a la justicia para las víctimas.
Líneas transversales
1. Género e Inclusión Social (GESI).
2. Trata y tráfico de personas.
3. Comunicación con comunidades.
4. Comunicaciones y divulgación.
5. Monitoreo, evaluación y aprendizaje.
Teoría del cambio
Si el sistema que trabaja en la prevención, protección y respuesta a las violaciones de los derechos humanos en las comunidades receptoras y migrantes es integral, fuerte y entiende y aplica las leyes y las normas, la gente confiará en los mecanismos de justicia y hará uso de los servicios ofrecidos, entonces la cohesión comunitaria será sostenible. Esto incrementará la seguridad ciudadana y habrá prosperidad.
Objetivo 2. Protección
Proteger los derechos de migrantes y retornados.
Identifica, fortalece y articula redes de protección de derechos de la sociedad civil en torno al contexto migratorio.
Apoya estrategias alternativas para la atención psicosocial.
Promueve discusiones de política pública desde la sociedad civil para mejorar la seguridad ciudadana, la inclusión y la defensa de los derechos de los migrantes; y apoya estrategias que aseguran el acceso a servicios y derechos.
Objetivo 4. Respuesta rápida
Respuesta rápida a la situaciones cambiantes en la migración venezolana. Mediante donaciones, el programa apoya a organizaciones sociales para responder a necesidades urgentes relacionadas con flujos mixtos de población, promover soluciones innovadoras y facilitar intervenciones prioritarias para la protección de los derechos humanos.
2020
entender el panorama
Hay ciudades que les ven pasar. Son testigos fugaces de su viaje. Hay otras que se vuelven asiento, algo parecido al hogar. Ambos, lugares y migrantes, se observan, se interpelan, discuten, se abrazan, se maltratan, se perdonan. Conforme pasa el tiempo, un plato de comida y una taza de café se agradecen, pero no son suficientes. Un vistazo al camino andado y todo lo que han dejado atrás se ve brumoso: la familia, los amigos, el barrio, su oficio, su país desintegrándose. Al hambre se le suma el desarraigo. Una mirada a lo que tienen en frente y el paisaje es aún traslúcido, intangible. ¿Quiénes son? ¿a dónde han llegado? ¿con qué sueñan?
Conectando Caminos por los Derechos empezó su primera fase de trabajo en mayo de 2020. Ese primer momento que se extendió por seis meses se enfocó en levantar toda la información de contexto sobre la población migrante que transitaba y se asentaba en los once municipios de Colombia que USAID había priorizado previamente: Cartagena, Barranquilla, Riohacha y Maicao en la Guajira, Cúcuta y Villa del Rosario en Norte de Santander, Bucaramanga, Medellín, Cali, Bogotá, y Pasto e Ipiales en Nariño.
Durante este primer momento, el equipo produjo los marcos analíticos partiendo de los datos de la población que entraba regularmente y de las proyecciones de quienes estaban de manera irregular. No había suficiente información oficial ni datos cuantitativos. Empezaron por entender los contextos, investigar a las instituciones, conocer a los activistas y organizaciones sociales que desde las bases de los barrios y los municipios atendían las necesidades de los migrantes y a mapear los escenarios y las dinámicas que hacen tan vulnerables a esta población y dificultan la integración social. Los marcos analíticos también les permitieron entender el marco legal y las normas en torno a la migración.
Durante este periodo de investigación, pudieron confirmar, por ejemplo, que en los territorios de frontera los migrantes venezolanos corren altos riesgos de desaparición y reclutamiento forzados. En las ciudades del interior del país, prevalecen riesgos como la explotación sexual que afecta principalmente a mujeres y a la comunidad LGBTI+.
Llevaron a cabo encuestas exhaustivas sobre cómo se informa la población migrante. Es decir, qué tipo de noticias y contenidos consumen y de qué fuentes los obtienen. Cómo usan las redes sociales y por dónde acceden a la información institucional. Esto era vital para saber quiénes estaban enterados y quiénes no de cómo debían diligenciar su regularización en el país, cómo buscar atención de las instituciones y reclamar sus derechos.
Una vez obtenidos estos marcos analíticos, el equipo entendió cuáles eran las barreras más altas a las que se enfrentan los migrantes en su viaje y estadía en Colombia y cómo se podían derrumbar para tender caminos de acceso.
Paralelamente, el proyecto activó el Fondo de Respuesta Rápida que permitió vincular a organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la atención a la población migrante y en el trabajo directo con las comunidades mapeadas. A través del Fondo, Conectando Caminos les asignaba presupuestos para que llevaran a cabo procesos y actividades formulados por ellas mismas. Las organizaciones desarrollaron propuestas desde asistencia básica hasta orientación legal, pasando por jornadas culturales de integración comunitaria.
Más tarde, y gracias a otro fondo, el de Socios Locales, más organizaciones de órdenes locales, regionales y del nacional se unieron para ejecutar acciones de largo aliento, como investigaciones sobre vulneraciones particulares, por ejemplo: las violencias basadas en género y la explotación sexual de las que son víctimas las mujeres migrantes, o el reclutamiento por parte de actores armados ilegales de niños, niñas y adolescentes migrantes.
Al término del proyecto se contabilizan cerca de 75 organizaciones de la sociedad civil de diferentes órdenes que fueron socias y aliadas de Conectando Caminos por los Derechos.
2021
Actuar en el viaje
A finales del 2020 el equipo empezó a crecer. Se unieron los líderes de componentes técnicos, los especialistas en género e inclusión social, entre otros profesionales. Con la información de contexto al día y las organizaciones de base en los territorios ya montadas en el bus, empezó la planificación de las actividades estratégicas.
La pandemia por COVID-19 les obligó a confiar en las organizaciones que estaban en los territorios para que fueran ellas las operadoras de las iniciativas. Por los once municipios focalizados se empezaron a ver actividades como brigadas de salud, entregas de kits, talleres de integración, pintada de murales, etc. Todas estaban guiadas por los senderos de los objetivos y respondían a los riesgos que el equipo había identificado en los marcos analíticos.
En la Guajira, por ejemplo, había encontrado que uno de los factores de riesgo que más afectaban a los migrantes eran la xenofobia, particularmente, la xenofobia institucional. Pero además identificó que no había arquitectura institucional para responder al flujo de migrantes que estaba llegando. Entonces, el equipo supo que, siguiendo el sendero de la prevención, debía instalar espacios para fortalecer la institucionalidad y capacitar a los funcionarios públicos en temas de derechos de migrantes.
Durante esta etapa de implementación se empezaron a encender las alarmas del aumento de la trata de personas en el contexto migratorio. De todas las ciudades focalizadas llegaba información sobre redes de trata que estaban abusando de la vulnerabilidad de personas migrantes, especialmente, de mujeres, niños, niñas, adolescentes y comunidad LGBTI+. El proyecto tuvo que desarrollar acciones enfocadas a este riesgo y modificó su estructura para darle más relevancia a este tema y convocar propuestas de otras organizaciones en torno a la prevención de este delito y a la protección de las víctimas de trata y tráfico humano. Para responder esta necesidad, al año siguiente, diseñó y presentó la campaña Ponte las gafas, la cual alertó sobre las diferentes modalidades de trata: matrimonio servil, explotación laboral, mendicidad, servidumbre, tráfico de órganos y explotación sexual. Haz clic aquí para ver la campaña en Facebook.
Otra situación que surgió inesperadamente en el contexto migratorio en Colombia fue la declaración del Gobierno nacional del Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos, en marzo del 2021. Con este estatuto, la narrativa oficial de la migración venezolana cambió y reconoció a los venezolanos, no solo como personas en tránsito sino también como miembros de la sociedad y parte del motor laboral y de desarrollo del país. Esto activó la necesidad de que los migrantes accedieran a la regularización.
Conectando Caminos por los Derechos desplegó entonces acciones y jornadas de asesorías legales para que la gente conociera sus derechos y los servicios institucionales a los que podía acceder. Al venir de un país con la institucionalidad rota como Venezuela, las personas no entendían qué significaba tener una oferta institucional. Regularizarse les daba esa oportunidad, pero hacía falta acompañarles en el proceso desde lo más simple: registrarse en una plataforma online. Aprovechando la coyuntura del Estatuto, la población que se acercó a recibir esta información también participó de orientaciones en salud sexual y reproductiva, en jornadas de vacunación, prácticas de crianza, entre otros temas.
2022
dejar huella
El proyecto y sus aliados conocían bien las necesidades de cada territorio. La segunda convocatoria para aplicar a los recursos de los Fondos de Respueta Rápida y de Socios Locales fue más específica y se unieron organizaciones que trabajaron temas perfectamente sincronizados con los objetivos de prevención, protección, respuesta y con las líneas transversales. El equipo se robusteció con las coordinaciones territoriales que fueron enlaces con las organizaciones, la institucionalidad local y los actores claves como líderes y lideresas de las comunidades receptoras y de migrantes.
La presencia del proyecto en los territorios fue más estratégica y tangible. Avanzó con el fortalecimiento de funcionarios y entidades públicas; con capacitaciones y apoyo al desarrollo de las organizaciones de base implementadoras de las iniciativas; y promovió y conectó muchas más terminales de las redes de protección que vinculan a todos los participantes del contexto migratorio.
Para citar algunos casos, en Medellín, el proyecto trabajó con colectivos culturales en la Comuna 13 que buscaban integrar a los migrantes con la comunidad. En Bucaramanga apoyó a la Escuela Filarmónica de Santander en la cual participan niños y niñas colombianos y venezolanos. En cinco municipios, junto a Fenalper, se implementaron servicios legales. En Cartagena, junto a la Fundación Dígnitas, les enseñaron a las mujeres sobre rutas de acceso a derechos y demanda de servicios. Ellas ahora son replicadoras de esa información en sus comunidades.
El trabajo se proyectaba amplio. Entre enero y marzo del 2023, Migración Colombia amplió el plazo para que los migrantes venezolanos completen su acceso al Permiso Temporal de Protección. Para esa fecha, 2.508.242 personas de nacionalidad venezolana se habían preinscrito, y más de 1.611.317 ya habían recibido su permiso. Pero empezando ese año, el programa recibió la notificación verbal de USAID de que la nueva fecha de terminación del sería el 31 de agosto de 2023, seis meses antes de lo previsto.
cuatro lugares de llegada
No hay un final del viaje, pero sí hay descanso para los pies. De los que se lanzaron a la ruta, muchos siguen sobre ella. Otros desaceleraron y descargaron las maletas, se enfrentaron a los abusos y recibieron los abrazos. El asomo de hogar que veían borroso empieza a revelar su silueta, pero la vida no volverá a ser la misma ¡hace tantas millas ya dejó de ser la misma! Han encontrado un lugar, por ahora.
Conectando Caminos por los Derechos alcanzó cuatro estadios significativos que se explican y evidencian en decenas de publicaciones divulgativas, miles de personas beneficiadas; funcionarios, instituciones, líderes y lideresas sociales y organizaciones capacitadas y fortalecidas en derechos de migrantes, procesos de regularización, una enorme colección de ferias de servicios, jornadas de atención, asesorías, actividades culturales, brigadas de salud, espacios de protección, entre muchas otras actividades. Estos son los cuatro estadios o resultados de Conectando Caminos por los Derechos al cierre del programa en 2023:
1. Conectando Caminos por los Derechos ha mejorado la comprensión del contexto migratorio en Colombia. Consiguió establecer un enfoque diferencial que toma en consideración la vulneración de los derechos humanos y la restricción de las oportunidades de inclusión social para la población migrante.
Consiguió desarrollar y fortalecer las capacidades en derechos humanos de comunidades, funcionarios públicos, líderes comunitarios, organizaciones de la sociedad civil que operan en el contexto migratorio. Esta instalación de capacidades es una garantía de protección.
2. Ha contribuido a democratizar el Derecho que favorecen la inclusión social. Es decir, ha mejorado el acceso a la justicia y a los recursos legales que les permiten a las comunidades migrantes su regularización en el país. Ha facilitado el acceso a los derechos fundamentales y al litigio estratégico como un mecanismo para la restitución de derechos.
3. Ha desarrollado capacidades entre diferentes actores, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, para sentar las bases de una mejor comprensión del contexto migratorio desde una perspectiva diferencial.
4. Ha habilitado redes y espacios de protección con un enfoque diferencial entre comunidades y organizaciones de la sociedad civil. Esto opera como un mecanismo importante para mejorar la inclusión social, la protección de las comunidades vulnerables, y facilitar la comunicación, la defensa y el acceso a los servicios.
Estas redes de protección ayudan a conectar a la población con la institucionalidad y, por lo tanto, con sus derechos.
consideraciones finales
Conectando Caminos por los Derechos tenía la motivación de mejorar la cohesión social y la seguridad ciudadana. Con esto en mente, el proyecto entendió que los actores institucionales, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades migrantes y receptoras deben fortalecer sus capacidades y poner en marcha acciones que mejoren la prevención, la protección y la respuesta a las vulnerabilidades de los y las migrantes.
Para aproximarse a ese objetivo, durante tres años consolidó redes y espacios de protección, y con ellos favoreció el acceso a servicios y procesos de justicia que benefician a las mujeres, a las comunidades LGBTIQ+ y los niños.
Los líderes comunitarios y las organizaciones de la sociedad civil se convirtieron en promotores de la integración comunitaria y abogaron en los diálogos intersectoriales.
El programa reforzó la arquitectura institucional, con una perspectiva diferencial, para facilitar el acceso de las personas a los servicios, la protección y la justicia que el Estado debe garantizar.
Las comunicaciones entre los miembros de las comunidades y el empoderamiento de los líderes locales fueron esenciales en el proyecto. Esto demostró que las mismas comunidades migrantes y receptoras pueden ser los agentes que lideren la integración comunitaria y la cohesión social. Estas relaciones y fortalezas son esenciales para mantener las redes de protección y otras dinámicas que ayudan a que la inclusión social sea un proceso sostenible y constante.
Para concluir este viaje, lea el editorial de despedida de Laura Zambrano, la directora de CCD, y navegue por la colección de publicaciones que se produjeron en el marco del proyecto.
Editorial de cierre. Reflexiones y observaciones finales de Laura Zambrano Robledo, directora de CCD.
Colección de publicaciones y cajas de herramientas de Conectando Caminos por los Derechos.
